Potosí: La Alcaldía secuestrada por la angurria de poder

OPINIÓN...

Lo ocurrido en la Alcaldía de Potosí no puede reducirse a una simple disputa jurídica ni a un “error de procedimiento” del Concejo Municipal. Lo que se vivió en los últimos meses es la expresión más cruda de una lucha descarnada por el poder político y el control de intereses económicos, una pugna que terminó por desestabilizar por completo al Gobierno Autónomo Municipal y sumir a la ciudad en una peligrosa parálisis institucional.
La Alcaldía potosina no fue desestabilizada por errores administrativos ni por una crisis técnica. Fue empujada al borde del colapso por la angurria de poder político y económico, una disputa sin escrúpulos que convirtió al gobierno municipal en un botín y a la institucionalidad en una pieza prescindible.
El dato es contundente y alarmante: seis autoridades pasaron por la silla edil en un corto periodo. Ese solo hecho revela el nivel de degradación política alcanzado, y refleja a un Concejo Municipal que actuó más por cálculo político que por respeto a la ley.
Cuando una alcaldía se convierte en un carrusel de autoridades, lo que se rompe no es solo la cadena administrativa, sino la confianza ciudadana y la capacidad del Estado local para gobernar.
La reciente decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia marca un punto de inflexión. El fallo no solo restituyó a Waldo Porcel como alcalde de Potosí, sino que dejó en evidencia que el Concejo Municipal actuó al margen de la Constitución y las leyes, una maniobra ilegal, vulnerando derechos políticos fundamentales y forzando un cambio de alcaldesa mediante una resolución ilegal.
El fallo es contundente. La anulación de la Resolución Municipal 007/2025, que impuso a Lesly Flores como alcaldesa interina, desnuda una práctica peligrosa: usar la correlación política sucia de fuerzas como sustituto del orden jurídico. No se trata de una victoria personal de Porcel, sino de una derrota institucional para quienes creyeron que la correlación de fuerzas sustituye al Estado de derecho.
El mensaje de la justicia es claro y debería resonar en todos los concejos municipales del país: las autoridades electas no pueden ser removidas por capricho, revancha o apetito de poder.
Lo más grave es que esta pugna cochina no fue inocente. Detrás del discurso de “legalidad” se movieron intereses económicos y cuotas de poder que paralizaron la gestión municipal, frenaron proyectos y dejaron a la ciudad en una incertidumbre permanente. Potosí perdió meses de gestión mientras algunos concejales jugaban a la destitución como arma política.
Pero el daño ya está hecho. Mientras concejales y operadores políticos disputaban el control del Ejecutivo municipal, la gestión quedó paralizada, los proyectos estratégicos se estancaron y la planificación 2025 se volvió papel mojado. La ciudad pagó el costo de una pelea que nunca tuvo como prioridad el bienestar colectivo.
No es casual que, de forma paralela, el fallo constitucional respalde la querella penal presentada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y que el Ministerio Público haya imputado formalmente a la presidenta del Concejo Municipal y a otras concejalas, solicitando incluso su detención preventiva. No se trata de una vendetta política, sino de la consecuencia lógica de haber cruzado una línea que separa la política de la ilegalidad.
No es persecución: es consecuencia. La justicia ha marcado un límite claro. Los concejos municipales no pueden destituir autoridades a conveniencia ni al calor de pactos circunstanciales.
Este episodio deja una enseñanza incómoda pero necesaria: cuando la ambición personal y los intereses económicos se imponen sobre la institucionalidad, la democracia local se convierte en una farsa. El Concejo Municipal, llamado a fiscalizar y legislar, terminó actuando como un actor desestabilizador, debilitando al propio municipio que debía proteger. En otras palabras, el Concejo Municipal se convirtió en el enemigo del pueblo potosino.
El retorno de Waldo Porcel no resuelve por sí solo la crisis. La herida institucional es profunda. Recuperar la gobernabilidad exigirá algo más que sentencias judiciales: requerirá responsabilidad política, autocrítica y sanciones ejemplares para que Potosí no vuelva a ser rehén de disputas de poder disfrazadas de legalidad.
Potosí no necesita más golpes palaciegos ni alcaldías interinas improvisadas. Necesita estabilidad, respeto a la ley y autoridades que entiendan que el poder es servicio, no botín.
Potosí merece una Alcaldía que gobierne, no un escenario de conspiraciones internas. Lo sucedido debe quedar como advertencia histórica: cuando el poder se persigue con angurria, la ciudad pierde; cuando se gobierna sin ley, la justicia termina pasando factura.
Lo ocurrido debe quedar como advertencia, se debe asumir acciones necesarias para que los responsables paguen lo que han hecho con Potosí.
Lamentable, es el peor Concejo Municipal de la historia.