Escándalo en la Alcaldía: cobros ilegales y falsificación de autorizaciones

Un presunto esquema de cobros irregulares y falsificación de documentos obligó al Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a suspender de manera inmediata la emisión de permisos, patentes y autorizaciones para espectáculos públicos y actividades de recaudación.
La medida fue instruida por la alcaldesa sustituta, Alejandra Sivila Fuentes, quien confirmó la inhabilitación temporal de la Intendencia Municipal para otorgar permisos y efectuar cobros, mientras se desarrolla una revisión exhaustiva de todos los trámites emitidos.
Los primeros hallazgos apuntan a la existencia de autorizaciones presuntamente falsificadas, elaboradas con uso indebido de hojas membretadas y sellos oficiales, lo que habría facilitado el funcionamiento de actividades sin respaldo legal, a cambio de cobros irregulares.
Las sospechas también alcanzan a locales clandestinos, principalmente discotecas, que estarían operando con documentación observada, en algunos casos vinculada a gestiones pasadas o a funcionarios que habrían participado en estas prácticas.
Otro de los elementos bajo investigación es la emisión de permisos para la instalación de casetas en espacios no autorizados, lo que refuerza la hipótesis de un sistema irregular de cobros fuera de norma dentro de la administración municipal.
En respuesta, la Alcaldía instruyó una auditoría integral de todos los registros de espectáculos públicos, además de exigir un informe detallado sobre cada autorización otorgada. Paralelamente, se anunció el despliegue de operativos semanales de control para verificar la legalidad de los permisos en circulación.
Durante intervenciones realizadas el pasado fin de semana, varios establecimientos fueron sorprendidos operando con supuestos permisos municipales que no tenían respaldo oficial, evidenciando la magnitud de las irregularidades.
La Alcaldía confirmó que ya se iniciaron acciones legales para identificar a los responsables y posibles redes involucradas en estos hechos que podría derivar en sanciones penales por falsificación y cobros indebidos dentro de la estructura municipal.