Alza de materiales deja obras públicas sin empresas constructoras

El encarecimiento de los materiales de construcción y del transporte está paralizando la contratación de obras públicas en Potosí. Tras el levantamiento de la subvención al diésel, los costos del sector se dispararon y numerosas licitaciones quedaron desiertas porque las empresas constructoras consideran que los precios establecidos por las instituciones públicas ya no cubren sus gastos.
El alcalde de Potosí, Williams Cervantes, advirtió que la inestabilidad de los precios y la fluctuación del dólar agravan la situación. Explicó que las empresas se abstienen de participar en proyectos de gran envergadura ante el riesgo de asumir contratos que podrían generarles pérdidas.
La Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco), señaló que los precios unitarios utilizados por las entidades públicas no están actualizados y presentan diferencias de entre el 30 y el 40% respecto a los costos actuales.
Los incrementos se reflejan en materiales esenciales. El metro cúbico de hormigón pasó de Bs 1.300 a Bs 1.825; la bolsa de cemento IP-40 subió de Bs 64 a Bs 86 en fábrica; el cubo de arena aumentó de Bs 240 a Bs 550, y la gravilla pasó de Bs 250 a Bs 450.
La situación también afecta a otros municipios. El alcalde de Llallagua, David Cruz, indicó que la falta de empresas interesadas en las licitaciones es un problema nacional y expresó su preocupación por un posible nuevo incremento de los combustibles en la próxima gestión, que elevaría aún más los costos de ejecución.

MANO DE OBRA
A la escalada de precios se suma la competencia de la actividad minera por los trabajadores de la construcción. Según la Cadeco, mientras un maestro albañil recibía alrededor de Bs 130 por jornada en el sector constructor, en las minas puede ganar hasta Bs 300 diarios, dependiendo de las condiciones laborales.
Esta diferencia salarial está provocando que muchos trabajadores opten por la minería, lo que dificulta la disponibilidad de mano de obra para las obras públicas.
El fenómeno también atrae a jóvenes de comunidades rurales y de otros departamentos que buscan mayores ingresos, pese a los riesgos de accidentes y las deficientes condiciones de seguridad en algunos yacimientos.
La combinación de materiales más caros, transporte elevado y escasez de trabajadores amenaza con reducir la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas y retrasar proyectos de infraestructura en el departamento.