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4 nov 2026
17:15
El Gobierno nacional tiró la toalla para reactivar por cuenta propia la Empresa Metalúrgica Karachipampa, pero evalúa entregarla a capitales privados como alternativa para recuperar la actividad industrial y aprovechar la infraestructura existente.
La planta, concebida para procesar concentrados de minerales y generar valor agregado en Potosí, arrastra una histórica y prolongada dificultad operativa y pérdidas económicas.
Durante la gestión de César Navarro como ministro de Minería, en el gobierno de Evo Morales, jamás se logró consolidar su funcionamiento, pero sí un perjuicio económico acumulado para el Estado que logró superar los Bs 485,9 millones.
Pese al resultado catastrófico, el Ejecutivo no anunció medidas para identificar a los responsables de la debacle económico ni acciones concretas destinadas a recuperar los recursos públicos comprometidos en el proyecto.
De acuerdo con información del Ministerio de Minería, actualmente existen dos empresas interesadas en los predios de Karachipampa, con propuestas que apuntan a diferentes modalidades de aprovechamiento industrial.
La primera compañía plantea importar y adquirir concentrados minerales procedentes del Perú para procesarlos en la planta. Esta alternativa permitiría utilizar las instalaciones para el tratamiento de materia prima proveniente del exterior.
La segunda firma propone un esquema diferente, orientado a recuperar otros minerales de valor comercial. Su iniciativa contempla aprovechar principalmente la infraestructura existente, que dispone de servicios de electricidad, gas y agua, sin depender necesariamente de la maquinaria instalada actualmente.
En este escenario, el Gobierno descartó el cierre o la liquidación definitiva de Karachipampa y apuesta por la participación de capitales privados para reactivar el complejo industrial.
La eventual incorporación de inversionistas abre una nueva etapa para la metalúrgica potosina, aunque todavía quedan por definir las condiciones de operación, el alcance de las inversiones y los mecanismos para resguardar los intereses del Estado frente a las millonarias pérdidas acumuladas.
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