Tres exaduaneros bajo la lupa por coimas vía QR

Escándalo de supuesta corrupción. El Viceministerio de Transparencia, a través de los medios de comunicación nacional, ha puesto bajo la lupa a la Aduana en Potosí, y a su exgerente regional junto a otros dos exfuncionarios, tras detectarse un esquema de presuntos cobros irregulares a camiones con posible contrabando y movimientos económicos injustificados que superan el medio millón de bolivianos.
De acuerdo con la denuncia, el caso se remonta al pasado 15 de septiembre, fecha en la que 48 camiones habrían cruzado la frontera por la localidad de Villazón. Durante su tránsito, los motorizados habrían pagado sumas que oscilaban entre los Bs 500 y Bs 1.000. La tarifa variable habría sido fijada presuntamente en función de las características y la capacidad de carga de cada vehículo infractor.
La denuncia ciudadana y las alertas internas dieron paso a un riguroso rastreo financiero que dejó al descubierto un desbalance flagrante entre los ingresos legítimos declarados por los involucrados y los flujos de dinero manejados en sus cuentas personales.
En el marco de las pesquisas, el viceministro de Transparencia, Yamil García, detalló las abultadas sumas detectadas durante la investigación preliminar, las cuales no guardan relación con los sueldos percibidos en la función pública.
Hay montos que oscilan entre Bs 554.000, Bs 166.000 y Bs 70.000 registrados a nombre de los exfuncionarios. “De 1.000 en 1.000 bolivianos, uno de ellos ya había acumulado más de medio millón de bolivianos en recursos económicos sin justificación”, aseveró la autoridad gubernamental.
Asimismo, la investigación estableció que una parte sustancial de estas transacciones sospechosas se habría canalizado a través de pagos digitales mediante códigos QR, cuyo mecanismo tecnológico ahora constituye en el cuaderno de investigación.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Ante la contundencia de los hallazgos financieros, el Viceministerio formalizó la apertura de causa contra los tres exservidores públicos por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.
“Es en ese sentido que hemos encontrado que no hay congruencia entre los sueldos y los ingresos declarados como legítimos”, ratificó García. La autoridad aclaró que, si bien los denunciados ya no forman parte de la plancha de la Aduana Nacional, su destitución o salida de la institución no extingue la persecución penal ni frena la investigación sobre las operaciones financieras realizadas durante el ejercicio de sus funciones.