Megayacimiento ilegal saqueaba 1,5 toneladas de oro

El dorado de la impunidad. En las entrañas del municipio de Pocoata, provincia Chayanta del departamento de Potosí, la tierra sangraba oro a plena luz del día. El megayacimiento de minería ilegal operaba con la precisión y magnitud de una gran corporación industrial, pero bajo el manto absoluto de la clandestinidad y la complicidad del silencio institucional.
Una reciente y sorpresiva inspección de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) logró frenar este colosal desfalco, destapando un esquema de depredación ambiental y evasión fiscal sin precedentes en la región.
Las cifras reveladas por la AJAM tras la intervención dibujan una operación de dimensiones descomunales. En el corazón de la cuenca del río Tagoni, más de 500 personas realizaban labores extractivas continúas respaldadas por un despliegue logístico apabullante de 100 retroexcavadoras enormes y 200 volquetes que transformaban el paisaje fluvial en un escenario de devastación.
El director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria Goitia, detalló la brutal escala operativa del yacimiento, ya que por día se movían 200 volquetas, cada una de 20 toneladas, llenas de material mineralizado, lo que hace un total de 4.000 toneladas.
Los cálculos técnicos, realizados a priori por la entidad reguladora, estremecen al país. Con un rendimiento estimado de un gramo de oro por cada tonelada procesada, la maquinaria ilegal extraía 4.000 kilos de mineral aurífero al día. Esto se traducía en 120 kilos mensuales y un devastador acumulado de 1.400 kilos —equivalente a una tonelada y media— de oro cada año.

SEIS AÑOS DE SAQUEO
Lo más alarmante no es solo el volumen de la riqueza extraída, sino el tiempo que duró la impunidad. Según las investigaciones preliminares de la AJAM, la red operaba con total libertad desde el año 2020, acumulando seis años sin pagar regalías mineras, sin tributar al Estado y sin ningún tipo de mitigación ambiental.
"Están explotando esta área minera sin pagar regalías, sin pagar impuestos, sin cuidar el medioambiente. Las anteriores autoridades parecería que no hacían su trabajo", sentenció con dureza Sanabria Goitia.
El escenario encontrado en el lugar de los hechos evidenció un ciclo productivo completo y tecnificado de excavación, remoción, extracción, transporte, lavado y concentración de minerales. Además, la zona albergaba enormes depósitos de combustible, maquinaria pesada especializada, pozas artificiales de sedimentación y campamentos improvisados que albergaban a los cientos de operarios.

CRIMEN AMBIENTAL
La magnitud de este enclave ilegal ha puesto en evidencia las limitaciones operativas de los entes de control estatales. Ante una actividad que supera con creces la capacidad de intervención en solitario de la AJAM, las autoridades han planteado la urgente necesidad de crear una fuerza especial contra la minería ilegal.
Esta instancia interinstitucional requerirá la participación coordinada de las Fuerzas Armadas para garantizar el control territorial y disuasión. La Policía boliviana en labores de interdicción y aprehensión. El Ministerio Público para asegurar el procesamiento penal de los infractores. Y, finalmente, autoridades ambientales, municipales y departamentales para evaluar y frenar la magnitud del daño ecológico irreversible en las cuencas potosinas.