Turba impone su ley y libera a jucus sorprendidos en flagrancia en Potosí La impunidad vuelve a imponerse en las áreas mineras de Potosí. Una turba de más de 70 comunarios frustró la aprehensión de al menos siete presuntos jucus que fueron sorprendidos e

La impunidad vuelve a imponerse en las áreas mineras de Potosí. Una turba de más de 70 comunarios frustró la aprehensión de al menos siete presuntos jucus que fueron sorprendidos en flagrancia robando mineral en el área sudeste de la Empresa Minera Alcira, en la localidad de Machacamarca, municipio de Tacobamba.
El hecho, que expone con crudeza la debilidad del control estatal frente al avance del juqueo, se produjo cuando personal de seguridad privada de la empresa logró retener a los sospechosos, quienes cargaban sacos de mineral sobre sus hombros tras ser descubiertos dentro del área de explotación.
Sin embargo, el procedimiento policial quedó reducido a nada. Cuando los efectivos intentaban trasladar a los implicados, una multitud irrumpió y bloqueó la intervención, rodeando a los uniformados y ejerciendo presión hasta obligarlos a retroceder.
El comandante departamental de la Policía, Mirko Bustos, confirmó que la institución se vio forzada a suspender la aprehensión para evitar un enfrentamiento mayor. “Los comunarios han impedido que el personal policial saque a estas personas que han sido encontradas con el robo de mineral”, declaró.
La escena dejó en evidencia un escenario alarmante: no solo se evitó el arresto de los presuntos delincuentes, sino que la turba también retuvo el mineral incautado, consolidando un acto de abierta desobediencia a la autoridad y dejando sin efecto todo el operativo.
Hasta el momento, no se ha determinado la cantidad ni el tipo de mineral sustraído. Entretanto, la Empresa Minera Alcira denunció que este hecho es un reflejo más de la expansión de la minería ilegal, una práctica que —según advierte— se ha vuelto sistemática y cada vez más violenta.
“La empresa ha sido víctima constante de actividades de minería ilegal, que afectan no solo a nuestras operaciones, sino también a la economía formal y al desarrollo del país”, señala un comunicado institucional. El proyecto minero, que contempla una inversión de aproximadamente 370 millones de dólares y la generación de más de 3.500 empleos entre directos e indirectos, se encuentra ahora bajo amenaza.
Las cifras refuerzan la gravedad del problema: de enero a la fecha se han reportado al menos 43 casos de juqueo en áreas mineras e ingenios de Potosí. En la mayoría de estos hechos, los responsables logran evadir la justicia, consolidando un patrón de impunidad que debilita el Estado de derecho en las zonas productivas del departamento.