Milei fuerza una reforma laboral que Argentina resistió a otros gobiernos de derecha

Javier Milei prometió derribar los pilares de la Argentina que heredó del peronismo para levantar un nuevo país desde sus cimientos. Uno de ellos, que resistió las embestidas de otros gobiernos de derechas previos, es la legislación laboral, cuyas bases se remontan a 1974. El Senado se apresta a sancionar esta semana una reforma laboral que modifica 200 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y la deja irreconocible. A diferencia de los intentos realizados por Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, Milei tiene enfrente unos sindicatos debilitados y desprestigiados. Se apoya, además, en un mercado laboral que se fragmentó y se transformó de facto por los cambios tecnológicos y el estancamiento económico que Argentina arrastra desde hace más de una década.
La reforma recoge demandas históricas del empresariado argentino. Abarata los despidos, reduce cargas patronales, limita el poder de negociación gremial y el derecho a huelga, flexibiliza la jornada laboral y elimina la obligatoriedad de pagar horas extras. Otras ideas fueron guardadas de vuelta en el cajón, a la espera de tiempos mejores, como el artículo 44, que reducía hasta el 50% el salario de los trabajadores de baja por enfermedad o accidente.
A contramano de otros debates internacionales sobre la reducción de las horas de trabajo, como ocurre en el vecino Brasil, la nueva legislación argentina extiende de 8 a 12 horas el máximo de la jornada laboral, siempre que en la semana no se superen las 48 horas. El pago de las horas extras, del que dependen muchos trabajadores, dejará de ser obligatorio, y podrá ser reemplazado por un día libre en otro momento.
Los sindicatos han intentado frenar la reforma con protestas en las calles y una huelga general. “Los dirigentes políticos nos dicen cómo tenemos que trabajar y cuánto tenemos que ganar, pero ninguno de ellos se levanta a las 3 o a las 4 de la mañana, deja a su familia y recorre 3.000 kilómetros”, decía el sindicalista Pablo Osuna a choferes de camiones el pasado jueves. Osuna advierte que el Gobierno quiera despojar a los trabajadores del derecho a huelga al forzar el cumplimiento de servicios mínimos del 75% en el transporte, la salud, la educación, la energía y el agua por considerarlos sectores esenciales.
Escándalos y protestas masivas
Algunas medidas incluidas en la reforma quisieron sancionarse muchos antes, con escaso éxito. Menem aprobó en 1991 una ley de empleo que dejó intacto el poder de los sindicatos. De la Rúa, en el año 2000, promovió una reforma laboral que pasó a la historia como la Ley Banelco por el escándalo de compra de votos en el Senado para su aprobación. Esa ley fue el principio del fin de su Gobierno un año después. Macri, que gobernó entre 2015 y 2019, buscó acuerdos graduales que nunca llegaron a concretarse. Promovió otros, tan resistidos en las calles que agrandaron la imagen de Argentina como un país en el que era muy difícil aprobar reformas impopulares.
Milei, en cambio, está a un paso de la victoria legislativa y celebra por anticipado. “El pasado fue”, escribió en las redes su ministro de Economía.
El sueldo bruto promedio de los trabajadores asalariados en Argentina, de 1,6 millones de pesos o 1.150 dólares por mes, es el triple que el de los trabajadores informales. Por eso, tener un empleo a menudo no es suficiente y muchos compaginan hasta tres y cuatro para llegar a fin de mes. El 92% de los argentinos dice sentir estrés y agotamiento extremo por causas laborales, el valor más alto de todo el continente, según el estudio Burnout de la consultora Bumeran.
El mapa laboral empeoró con Milei. Desde fines de 2023 se destruyeron casi 300.000 puestos de trabajo, de los que dos de cada tres eran asalariados formales de sectores como la industria, la construcción y el comercio.
Reducción de los juicios laborales
El Gobierno de ultraderecha critica que el modelo laboral actual es obsoleto porque fue concebido para una sociedad con empleo asalariado masivo que ya no existe. Promete que la nueva normativa creará empleo registrado y reducirá la informalidad. La mejora, según el Gobierno, ocurrirá porque los empresarios dejan de tener miedo a que su negocio quiebre si enfrentan un juicio laboral. Es un temor que repiten desde dueños de modestas cafeterías hasta empresarios pymes y que tiene números que lo avalan. En 2025, se iniciaron 350 nuevas demandas por riesgos laborales por día y la mayoría se saldaron a favor de los empleados, con elevadas compensaciones. La reforma de Milei pone fin a esa realidad: para la indemnización se contará sólo un sueldo base por año trabajado —sin contemplar aguinaldo, vacaciones ni extras.
“Transferencia del miedo”
Ackerman recuerda qué durante la campaña electoral de 2023, Milei definió como “un cáncer” el artículo 14 bis de la Constitución argentina que garantiza los derechos laborales, las jubilaciones y todo el sistema de la seguridad social. Prometió que lo derogaría. “Nunca ocultó ese objetivo”, señala Ackerman. Entre los cambios más controvertidos, menciona el hachazo al derecho a huelga y la creación de un fondo para indemnizaciones que restará cerca de 2.500 millones de dólares anuales a las arcas del régimen de jubilaciones y facilitará los despidos. “Hay una transferencia del miedo. Hoy, el empleador se lo piensa dos veces antes de despedir a un trabajador sin causa porque tiene que pagar una indemnización alta y al empleado le da cierta tranquilidad saber que no le va a cambiar las condiciones. Con la nueva ley, es el empleado el que tiene miedo a no aceptar cambios por si lo despiden”, opina.
Pero aun antes de entrar en vigor, la Ley de modernización laboral marca un punto de inflexión. Por primera vez desde el regreso de la democracia a Argentina, un Gobierno argentino avanza de forma simultánea sobre la legislación, las instituciones y el equilibrio social que había mantenido en pie el edificio laboral construido por el peronismo.
Fuente/El país