“Bolivia dejó de funcionar”: Industriales reportan a la OEA pérdidas por más de $us 3.000 millones

Durante la crisis de los 53 días, Bolivia no solo perdió ingresos y producción. Hospitales tuvieron dificultades para acceder a oxígeno, escasearon alimentos y medicamentos, miles de empresas paralizaron sus actividades y millones de personas vivieron bajo incertidumbre.
Ese fue el panorama que el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales Versalovic, presentó ante la Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), liderada por su secretario general, Albert R. Ramdin.
“Durante 53 días, Bolivia dejó de funcionar con normalidad”, afirmó el dirigente empresarial al exponer las consecuencias de los bloqueos que paralizaron carreteras y afectaron la actividad productiva entre abril y junio.
Según los cálculos de la CNI, el conflicto ocasionó pérdidas superiores a los $us 3.000 millones para la economía nacional. De ese monto, más de $us 600 millones corresponden al perjuicio sufrido por el sector industrial.
La paralización afectó a más de 13.000 industrias y comprometió las actividades de unos 150.000 trabajadores. Las empresas enfrentaron dificultades para recibir materias primas, distribuir productos terminados, cumplir contratos y mantener sus operaciones.
El impacto, sin embargo, fue más allá de las fábricas. “Faltó oxígeno para hospitales, escasearon alimentos y medicamentos, miles de empresas paralizaron sus operaciones y millones de bolivianos vivieron con incertidumbre”, señaló Morales.
Las cifras presentadas por la industria coinciden con otras estimaciones difundidas al finalizar el conflicto. El Gobierno calculó que los 53 días de bloqueos provocaron una pérdida de ingresos superior a 14.000 millones de bolivianos, mientras que entidades vinculadas al comercio exterior situaron el daño acumulado para la economía por encima de los 3.000 millones de dólares.
Ante la delegación internacional, Morales sostuvo que la interrupción del libre tránsito no debe evaluarse únicamente por sus consecuencias económicas. Afirmó que los cortes de vías también vulneraron derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo.
En ese contexto, pidió que Bolivia cuente con leyes claras y seguridad jurídica para garantizar la circulación de personas, alimentos, medicamentos, combustibles y mercancías, incluso en escenarios de protesta o conflicto social.
“Ninguna causa puede estar por encima de la salud, la vida, el trabajo y el bienestar de los bolivianos”, remarcó el presidente de la CNI.
La misión de la OEA llegó al país por mandato de la Asamblea General del organismo, que rechazó los hechos de violencia, la interrupción de servicios esenciales y las amenazas contra infraestructuras críticas registradas durante la crisis. También pidió fortalecer el diálogo y adoptar medidas legales y proporcionales para proteger a la población y preservar el orden institucional.
Durante sus encuentros en Bolivia, la delegación escuchó a representantes de los órganos del Estado, organizaciones sociales, pueblos indígenas, sindicatos, empresarios, sectores productivos, transportistas, académicos y medios de comunicación. Las propuestas y testimonios recogidos serán incluidos en un informe que la misión presentará ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.
Morales reafirmó el compromiso del sector industrial con el diálogo, la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. No obstante, insistió en que el país necesita mecanismos que impidan que un nuevo conflicto vuelva a paralizar la producción, interrumpir servicios esenciales y poner en riesgo la vida y el sustento de la población.
Fuente/El deber