Potosí denuncia millonaria fuga de regalías por disputa de límites con Yocalla

La disputa por la delimitación territorial entre los municipios de Potosí y Yocalla vuelve a escalar, esta vez por el control de millonarios recursos provenientes de la actividad minera. El alcalde de Potosí, Williams Cervantes Beltrán, denunció que más de 30 ingenios mineros instalados en la comunidad de Agua Dulce, territorio que asegura pertenece legalmente a la capital potosina, están declarando sus regalías al municipio de Yocalla.
Según la autoridad, esta situación representa una pérdida económica para el municipio de Potosí de entre 15 y 20 millones de bolivianos mensuales, recursos que actualmente ingresan a las arcas de Yocalla.
Cervantes sostuvo que la delimitación territorial ya fue definida y que no existe controversia jurídica respecto a la pertenencia de varias comunidades. Recordó que, mediante la creación del Distrito Municipal 21, la comunidad de Chasquevillque pasó a formar parte oficialmente del municipio de Potosí y afirmó que esta delimitación también es reconocida por la Gobernación.
"Los límites ya fueron cerrados y subsanados. Agua Dulce, Chanca y otras comunidades cuentan con personalidad jurídica correspondiente al municipio de Potosí", manifestó.
No obstante, el alcalde señaló que existe una investigación sobre la presunta cesión de aproximadamente 18 hectáreas entre la comunidad de San Antonio, perteneciente a Yocalla, y la comunidad Juan Evo Morales Ayma, del municipio de Potosí, con el objetivo de establecer quién autorizó esa transferencia territorial.
La autoridad también responsabilizó a los propietarios de los ingenios por mantener viva la controversia limítrofe. A su criterio, las empresas promueven el conflicto porque buscan evitar los controles administrativos que debería ejercer el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.
"Ellos declaran sus regalías a Yocalla porque sostienen que pertenecen a ese municipio, cuando en realidad están asentados en territorio potosino", afirmó.
Frente a este escenario, Cervantes anunció que instruyó iniciar procesos para el cierre de los ingenios que operan sin registro ni autorización municipal, argumentando que esas industrias no cuentan con la documentación exigida por la Alcaldía de Potosí pese a desarrollar sus actividades dentro de su jurisdicción.
La controversia podría tener consecuencias económicas para ambos municipios, ya que el destino de las regalías mineras depende de la definición de la jurisdicción donde operan los ingenios. Mientras Potosí sostiene que la delimitación territorial está legalmente consolidada, el conflicto continúa generando un debate sobre la administración de recursos públicos y el control institucional de una de las zonas de mayor actividad minera del departamento.