Tensión por orden de desalojo a predio policial en Santa Cruz desata estado de emergencia

Un nuevo conflicto judicial amenaza con desencadenar tensión institucional en Santa Cruz. La orden de desapoderamiento emitida por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nro. 3 de la Capital, contra predios utilizados por la Policía Boliviana, provocó una reacción inmediata de sectores policiales que denuncian presiones desde el propio Ministerio de Gobierno para ejecutar el desalojo.
El terreno en disputa está ubicado entre el cuarto y quinto anillo del canal Isuto, donde actualmente funcionan instalaciones de la Policía Montada-UPAR “Delta”, el Centro Deportivo Policial y polígonos de práctica de tiro. Según los denunciantes, la Policía ocupa esos predios desde hace más de 36 años.
A través de pronunciamientos difundidos en redes sociales, familiares de policías y efectivos del servicio pasivo denunciaron que funcionarios del Viceministerio de Régimen Interior y abogados de la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno estarían presionando al Comando Departamental de Policía de Santa Cruz para cumplir el mandamiento judicial en favor de particulares.
La presunta propietaria del predio es Teresa Triviño Bazán, de 69 años, quien sostiene una disputa judicial con la institución policial desde hace aproximadamente 25 años. Desde su entorno afirman que existen resoluciones judiciales pendientes de ejecución y que el proceso se convirtió en una larga batalla legal y administrativa.
El conflicto tomó mayor relevancia luego de conocerse un oficio “urgente” enviado por la Dirección General de Régimen Interior al Comando General de la Policía Boliviana. En la nota, firmada por el director Julio Morales Rojas y dirigida al comandante general, Gral. 1ro Mirko Antonio Sokol Saravia, se recuerda que las resoluciones judiciales son de cumplimiento obligatorio y se advierte sobre posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas en caso de incumplimiento.
El mandamiento de desapoderamiento fue emitido el 22 de abril de 2026 por la jueza Gabriela Cuellar Velasco y fija como plazo para su ejecución este miércoles 13 de mayo.
Según antecedentes del caso, el conflicto surge por el presunto avasallamiento del predio “Villa Praga”. Incluso, el programa estatal UPRE habría cancelado en 2019 un proyecto de construcción de un Centro Deportivo Policial al considerar que la institución policial no contaba con documentación de propiedad idónea.
Sin embargo, desde sectores policiales aseguran que los terrenos cuentan con matrícula computarizada y registro en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) como bienes estatales. Además, sostienen que otra superficie destinada al Centro Deportivo Policial fue transferida mediante la Ley Autonómica Municipal Nro. 1709, promulgada el 19 de julio de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Los denunciantes también cuestionan que el proceso continúe pese al fallecimiento, el 9 de noviembre de 2022, de Félix José Moreno Antelo, señalado como condenado por el delito de despojo dentro de este caso.
En medio de la controversia, familiares de efectivos policiales advirtieron que permanecerán en estado de emergencia para evitar el desalojo y exigir que el Estado defienda los bienes públicos. Entretanto, el Ministerio de Gobierno insiste en que ninguna autoridad puede omitir ni retardar el cumplimiento de resoluciones judiciales, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 439 del Código Procesal Civil.